Con un recurso extraordinario, el Ejecutivo busca frenar su aplicación. Familiares y organizaciones se reunieron en la Cámara Baja para exigir la puesta en marcha de la ley.
Presentaron la primera impugnación formal y cuestionan la legalidad del cobro sin intervención judicial. El reclamo apunta contra el Ministerio de Seguridad.
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