Por orden de la Justicia Federal, una firma privada de salud debía reincorporar a un afiliado menor de edad, tras expulsarlo por padecer Trastorno Generalizado del Desarrollo. Según la empresa, sus padres mintieron en la encuesta de salud realizada al momento del ingreso. La jueza basó su decisión en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, así como en la ley de medicina prepaga donde se establecía que las patologías preexistentes no podían ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios.
(Radio Uno/Diario El Ciudadano)