La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, Adpra, manifestó su rechazo al aval del máximo tribunal de justicia, referido a la aplicabilidad de la Ley 24.390, vigente entre los años 1994 y 2001, que benefició al represor condenado Luis Muiña. Entonces, las 40 instituciones que integraban la organización expresaron que no podían guardar silencio, ante la magnitud de sus consecuencias en relación con la lucha por los derechos humanos en Argentina y la persecución de los crímenes de lesa humanidad.
(Radio Uno/El Once.com)