LA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS: ¿SALE A LA LUZ?

La sospecha de que algo no andaba bien en la administración del hospital Iturraspe comenzó de casualidad, en un grupo de whatsapp donde interactúa personal del nosocomio. Los empleados del hospital Iturraspe notaron diferencias muy grandes en los ingresos que percibían, en comparación con los de los empleados de otros centros de salud de la ciudad. Fueron ellos los que empezaron a preguntar y averiguar qué estaba pasando con el fondo de las obras sociales.

El Decreto 901/1996 de la provincia de Santa Fe, establece que la recaudación que ingrese a los hospitales públicos provinciales, en concepto de recupero, por facturación de prestaciones realizadas a pacientes que cuentan con cobertura a cargo de terceros pagadores (Obras Sociales, Compañías de Seguro, Prepagos, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, etc.), se  factura a dichos entes y ellos transfieren los fondos correspondientes al hospital.  Del monto total que recibe el hospital, el 65% se utiliza para la compra de equipamientos del nosocomio. El 5% se asigna a capacitación, viáticos o cursos. El 30% restante se distribuye entre todo el personal de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, presentismo, puntualidad y otras evaluaciones de desempeño.   En este último porcentaje que debe ser pagado a los trabajadores es donde se registraron las maniobras fraudulentas.

El lunes 30 de octubre de 2023, el Consejo de Administración del nosocomio dió a conocer que radicó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue el desvío del llamado fondo del 30%,  El jueves 2 de noviembre, las autoridades del hospital emiten un comunicado donde explican que "las  acciones judiciales y administrativas se encuentran en pleno desarrollo en los organismos pertinentes". 

MALA PRAXIS A LOS SUELDOS EN EL HOSPITAL ITURRASPE

El presidente del Consejo de Administración del Hospital Iturraspe, Contador Público Nacional, Gustavo Pignata, como representante de la Provincia de Santa Fe en el consejo, manifestó: “empezamos a notar irregularidades con la redistribución del monto que se reparte entre los empleados de planta a partir de lo que se cobra por la atención con obras sociales según el decreto provincial 901/1996 y al respecto pusimos a disposición de la justicia todos los elementos de interés para la causa”. 

Tenían  la presunción de que se desviaba dinero a cuentas de determinados empleados por montos superiores en detrimento de otros.  Con el apoyo técnico del área contable, detectaron maniobras irregulares.  Los importes liquidados a algunos trabajadores eran sumas muy superiores a las del resto de los trabajadores de salud del efector. La justicia avanza a partir de la denuncia que realizaron en el Ministerio Público de Acusación y el sumario administrativo que se inició en el Ministerio de Salud por Resolución N° 2279/23. 

“Por el momento esos 14 puestos están sin cubrir y estamos tratando de reorganizar el Hospital hacia adentro para poder trabajar normalmente. Por mes las obras sociales giran entre 30 y 40 millones de pesos por la atención a sus afiliados en caso de urgencia o emergencia. No tenemos una precisión de cuándo comenzó esta maniobra, presumimos que de hace unos años a la fecha. No podemos precisar bien el tiempo, pero es todo materia de investigación y la justicia lo determinará”.

Por otro lado, el subdirector del Hospital Iturraspe, Adrián Berdini, afirmó:  “Se está desarrollando la investigación en la justicia y el sumario administrativo dentro del ámbito del Ministerio de Salud provincial. El departamento Contable del hospital es quien descubre transferencias inadecuadas que no se condicen con lo habitual en un fondo propio que es lo que recupera el hospital de los facturado a las obras sociales.  

A partir de la inconsistencia, se analiza y se decide presentar una denuncia en el MPA para que se investigue.  Una vez que presentamos el escrito en sede judicial, nos pusimos todos a disposición de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA para que investigue.   Una vez que presentamos el escrito en sede judicial, nos pusimos a disposición de la Unidad Especial de delitos Complejos para colaborar en el esclarecimiento de las responsabilidades de los hechos. 

Paralelamente se instruye al departamento Jurídico para que inicie el sumario al personal involucrado y se notifica al Ministerio de Salud, que en muy poco tiempo genera la Resolución 797/24 con la que que aparta de sus funciones a esos empleados, en su mayoría administrativos, entre quienes puede haber algún jefe de sección. 

El MPA retiró de los puestos de trabajo las computadoras de cada uno (de los empleados sospechosos) y fueron incautados para su posterior análisis.  A propósito del monto del dinero faltante, desde el Consejo no se aportaron cifras, dado que se trata de un fondo que se distribuye bimestralmente entre los empleados y su monto “es variable”.  Lo fundamental es que el consejo detectó la maniobra y lo denunció”, sentenció Adrián Berdini, subdirector del Hospital Iturraspe.

UN NEGOCIO FAMILIAR

El Fiscal Federico Grimberg de la Unidad Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nº 1 imputó por estafa en distinto grado a Jorge Alberto Carnaghi, Alan Matías Carnaghi, María Belen Milesi, Diego Martín Acosta, Juan Jose Aguilar, Federico Gastón Carbo, Aitor Imanol Chiavassa, Oristela Beatriz Ocampo, Gerardo Jesus Robledo, Josías Román Robledo, Betiana Lorena Wery, Laura Liliana Wery, Magalí Belen Wery y Analía Veronica Zweifel, todos agentes del Hospital Iturraspe de Santa Fe, según sus declaraciones en un comunicado del MPA de fecha 14 de abril de éste año. Más de la mitad de los imputados conforman 3 grupos que guardan algún grado de parentesco entre sí. 

Grimberg, imputó a Jorge Alberto Carnaghi, que se desempeñaba en el sector de liquidación y pago de haberes del Hospital Iturraspe, como autor del delito de estafa, además, como partícipe secundaria a María Belen Milesi, pareja de Carnaghi, que se desempeñaba en el mismo hospital, hasta la denuncia.

Según el funcionario judicial, ambos se beneficiaron económicamente a partir de maniobras ilegales al igual que otros doce beneficiados con el fraude. Todos son personal del Hospital Iturraspe y, según la fiscalía, obtuvieron ganancia como resultado del ilícito.

Entre los imputados figuran: Gerardo Jesus Robledo que era el Jefe de división del personal e hijastro de la responsable de Recursos humanos de la cartera de salud.  Adriana Torres, quien es la máxima autoridad ministerial en el área de RRHH.

Del área RRHH dependen los mayores responsables del ilícito y llamativamente no se le asigna  ninguna responsabilidad en el fraude a la funcionaria responsable,. 

En la misma información el Fiscal Grimberg manifestó que el principal imputado, Jorge Alberto Carnaghi, se desempeñaba en el sector de pago de haberes e informaba correctamente los importes a liquidar a cada empleado pero luego de ser autorizado por sus superiores, alteraba el listado para la acreditación de esos importes en las cuentas bancarias de cada agente, adulterando montos, cuentas, números de DNI y nombres.  Como consecuencia, se realizaban transferencias a personas no informadas y por montos distintos a los autorizados. Los catorce imputados recibían más dinero en sus cuentas bancarias en perjuicio del resto del personal que percibía montos muy inferiores de dinero.

El Manual de procedimientos administrativos de salud en su capítulo VIII: Área de Personal - Recursos Humanos dice que: corresponde al área de recursos humanos entre otras tareas “Gestionar y programar el pago de las remuneraciones, pensiones y bonificaciones del personal nombrado…” y “Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones vigentes”. Es decir que las tareas de determinación de los importes a pagar a cada empleado del fondo del 30%, son incumbencia del área de recursos humanos del Ministerio que además detenta el poder de policía sobre el conjunto de los empleados de cada unidad.

DENUNCIAN LOS QUE SE VAN

Se realizó la denuncia penal y paralelamente el sumario correspondiente con la Resolución N° 2279/23 del 31 de octubre, según lo obliga la Ley Nº 8525 en su art. 61 y subsiguientes. A partir del 02 de noviembre, dispuso el traslado preventivo de los imputados al Hospital Italiano y el 29 de diciembre suspendió de sus labores a los 14 imputados, en forma preventiva y por 90 días hábiles, con la resolución Nº 90/24. Al término de ese plazo, el 14 de mayo, se extendió el plazo de dicha suspensión hasta la finalización de la investigación interna con la resolución 797/24 a la que tuvimos acceso.

Posteriormente, la Ministra Ciancio y producto de la resolución del sumario administrativo y con lo aconsejado por Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 383/2024 (fs. 1012/1098),  cesanteó a 11 de los 14 imputados.

Las autoridades ministeriales y las autoridades directivas y gerenciales del hospital no son las mismas desde la fecha de las acciones legales al presente. La denuncia fue realizada por la administración saliente, correspondiente a la gestión de Omar Perotti, entre los comicios provinciales de octubre y previo a la asunción de las nuevas autoridades en diciembre. El mayor impacto de la denuncia tuvo lugar en el mes de transición, noviembre y las nuevas autoridades que asumieron son de otro signo político; pertenecen a la gestión de Maximiliano Pullaro.

Esta estafa se trata de un acto ilícito de un empleado, o de un conjunto de catorce agentes, confabulados para beneficiarse a sí mismos y perjudicar al resto de sus propios compañeros del Hospital pero si consideramos los hechos y las responsabilidades, es una defectuosa liquidación del fondo del 30% por parte del Ministerio de Salud en perjuicio de la mayoría de los trabajadores. La competencia concreta dentro del Ministerio es de la responsable de recursos humanos y del personal a su cargo, mientras que la falta de los controles pertinentes en tiempo y forma formalizan la impericia del C.A. y Del tribunal de cuentas. Se realizó el sumario administrativo interno y la denuncia penal en la justicia provincial pero los trabajadores siguen sin cobrar.

El mecanismo administrativo para el pago del llamado 30% ha permitido la corrupción de de los administrativos que lo ejecutan pero no se sabe si se sigue aplicando en los restantes efectores de salud, ni si se han impulsado auditorías para evitar la comisión de irregularidades en otras reparticiones. No se ha informado tampoco, si se tomaron medidas correctivas para controlar el pago del fondo en cuestión.

CUENTAS QUE NO CIERRAN

El fiscal Grimberg explicó en un comunicado del Ministerio Público de la Acusación del 10 de marzo del corriente que: "la suma fue determinada a partir del análisis de las planillas de liquidación autorizadas por la administración del nosocomio e informes elaborados por distintas entidades bancarias con las que operan los empleados".

En la revisión periódica de esas las planillas ni el C.A. ni el tribunal de cuentas, como órgano de control, detectaron irregularidades durante la mayor parte del tiempo de su labor. Recién en el mes número 47 (noviembre del año pasado) de una gestión total de 48 meses salieron a la luz las inconsistencias. Un mes antes de que se agote el tiempo de mandato del gobierno saliente.

El fiscal ubicó temporalmente los ilícitos entre enero del 2020 y octubre del 2023 y estimó que el monto total de la estafa es de más de 38 millones de pesos que, actualizados por inflación son aproximadamente 100 millones. Eso quiere decir que en 47 meses, el monto promedio de la maniobra es de algo más de 2 millones de pesos por mes que repartidos entre aproximadamente 2000 trabajadores del Iturraspe, da como resultado un fraude aproximado de 1000 pesos actualizados por mes, por trabajador.    

Ese importe no cierra con las expresiones de los damnificados para quienes la diferencia mensual que no han cobrado por dicho fondo, no sería tan exigua como lo da a entender el fiscal de la causa quien manifestó en noticias del MPA. "Eran fondos insignificantes, pero que en su conjunto se elevan a montos millonarios". Al respecto Gerardo Gudiño, enfermero de neonatología, manifestaba en una nota periodística del 18 de marzo: "Nosotros veíamos cómo los empleados del hospital Cullen cobraban mucho más que nosotros. Si bien el Cullen factura más que el Iturraspe, había mucha diferencia. Si ellos cobraban 50.000 pesos, nosotros recibíamos 5.000 pesos".

Fernanda, enfermera, comentó en un reportaje del 10 de noviembre: “mientras en otros hospitales llegaron a recibir durante el año hasta 70 mil pesos (mensuales), en el Iturraspe llegamos a cobrar un máximo de 8 mil pesos”.

LA PUNTA DEL OVILLO DE UN ENTRAMADO DE CORRUPCIÓN

“Esta malversación de fondos en el hospital es de hace años, mínimo diez años que vienen robando la facturación”. “No es posible que el contador Jorge Alberto Carnaghi no sepa que sus dos personas de confianza acá y en la parte privada, roban”, sostiene Analía Vega, Jefa de Enfermeros de Maternidad de Alta Complejidad del nosocomio, y agregó: “Hace ocho años atrás, con una supervisora lo denunciamos a Carnaghi porque encontramos pruebas firmes sobre fuertes irregularidades, sin embargo, la nota fue cajoneada.  Sobre esa nota no puedo dar más precisiones porque forma parte de información de interés preservada para la causa que se está investigando; solo te puedo decir que es “terrible la ponchada de plata que han robado acá en el hospital”.

Fernanda Peralta, también enfermera del Hospital manifestó su frustración y angustia ante lo que consideran ella y sus compañeros, como una estafa que ha estado ocurriendo durante aproximadamente una década: "Todo el personal que compone el hospital ha sido afectado por esta estafa, porque nosotros como empleados lo vemos así, como una estafa, porque es nuestro trabajo que se nos tenía que haber remunerado". 

Según Peralta, "Nos han estado sacando una cantidad alevosa de dinero en 10 años. De todo lo que se factura de las obras sociales, un 30% debe ser acreditado al sueldo de cada empleado, o sea que nos han mentido todo este tiempo, y lo descubrimos nosotros”. “En un grupo que tenemos de whatsapp, aprovechando que estábamos todos, empezamos a preguntar, a preguntar qué estaba pasando, y ahí empezó la sospecha de que algo no andaba bien”. 

Ella y sus compañeros cuentan con pruebas que fueron presentadas al fiscal que lleva adelante la investigación, y no descartan que en este caso “haya más personas y de mucho peso involucradas”, como otros temas a investigar.

Ya hay antecedentes de malversación de fondos públicos en el sector salud de la ciudad. Estas irregularidades involucraron a otro efector de la ciudad; el Hospital José María Cullen. Fue durante la pandemia, a principios del año 2022, que el entonces director médico del Hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, y Mario Lezcano, presidente del Consejo de Administración, presentaron en la fiscalía de turno una denuncia contra el jefe y el subjefe de camilleros, tras el relato de 17 trabajadores que aseguraron haber sido extorsionados para conservar sus puestos. 

Según los trabajadores, el jefe y el subjefe, les pedían dinero a cambio de renovarles el contrato.Había distintos porcentajes; a uno les pedían de una forma, a otros de otra. Según ellos comentan les pedían plata para seguir trabajando y les decían que si querían trabajar, tenían que aportar con lo que ganaban. Tanto el jefe como el subjefe de camilleros del Hospital José María Cullen fueron apartados de sus tareas, al mismo tiempo que se radicó una denuncia penal que siguió su curso legal.

Según Analía Vega, trabajadora del hospital Iturraspe, hay otros temas a investigar: “Cada día se descubren más cosas, hace algunos años vino el periodista Daniel Tognetti para investigar las transas que había en las compras, y el personal de seguridad, Marcelo Luna, no lo dejó pasar.En ese momento estaba el Dr. Francisco Villano en el Consejo del hospital.  Mirá, te hablo de hace muchos años atrás, un tomógrafo, un equipo grandote que estaba con llave dentro de rayos se perdió. ¿Cómo se va a perder algo de un hospital que estaba con llave? Por algo ellos tapan a la gente que roba insumos y vende, a los peces chicos, porque le deben saber algo…

De esto que te digo tenemos pruebas con algunos compañeros del hospital y las hemos presentado al fiscal de la causa.Hay un pez gordo arriba que no cae, no son estos solos.Hay que seguir hasta las últimas consecuencias, pero si no lo hacemos todos juntos, van a cerrar la causa”.

AUSENCIA Y SILENCIO DE LOS GREMIOS 

“No esperamos respuestas de los gremios ahora, hay un silencio total. La verdad es que no queremos ninguna bandera de ningún gremio", sostiene otra de las enfermeras del Iturrazpe Fernanda Peralta. “Los gremios están mudos, y nosotros le pagamos la cuota para que nos representen, ambos gremios están mudos”. “Todos los involucrados tienen relación familiar entre ellos y están todos afiliados al Gremio UPCN - Santa Fe”. 

De hecho, Gerardo Robledo, por ejemplo, es hijastro de Adriana Torres, secretaria de RR.HH. del Ministerio de Salud y muy cercana a la ex ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano.  Adriana Torres es además afiliada y militante de UPCN. “Hay algo más que un grupo de trabajadores corruptos, hay evidentemente un negocio que tiene ramificaciones hacia arriba, sino no se explica el silencio, queriendo que este tema se apague, porque hay algo que no quieren que se vea, que se muestre.Hay mucha plata de por medio, muchos negociados y amiguismos y de a poco todo está saliendo a la luz, según la fiscalía sigue investigando, porque las pruebas existen y de a poco están apareciendo” sentenció la profesional de enfermería.

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Expediente en el que Adriana Torres, Secretaria de Gestión y RRHH del Ministerio de Salud y Madrastra de Gerardo Jesús Robledo, recomienda el ingreso de Juan Manuel Gruber y María Agostina Gruber; hijo y sobrina de la funcionaria respectivamente, en octubre de 2023.  El ingreso también era avalado por UPCN Santa Fe.

PRONÓSTICO RESERVADO

El decreto provincial Nº 1427/91 reglamenta la Ley provincial Nº 10.608 de hospitales provinciales y permite al Ministerio correspondiente intervenir la figura jurídica pública estatal (en este caso el Iturraspe) frente a la malversación de fondos (como la que abordamos). El Ministerio de Salud no ha intervenido el hospital hasta la fecha y la omisión de la atribución abarca a ambas gestiones.

Quien entiende en la causa es el Juez penal Nicolás Falkenberg. Los peritajes a distintas computadoras, que fueron secuestradas del nosocomio, están a cargo de agentes del Organismo de investigaciones (OI), mientras que los abogados del órgano administrativo son Agustín Márquez y Romeo Díaz Duarte, el abogado de los querellantes es Esteban Ignacio Campos. Por último el abogado defensor de Jorge Carnaghi y María Belén Milessi es el doctor Néstor Oroño.

Los empleados han sido perjudicados en el cobro de sus haberes y esperan una reparación justa. El Estado está obligado a afrontar las consecuencias y reponer a los damnificados del Hospital Iturraspe lo que no han cobrado.

Las acciones contra los autores del fraude requieren proseguirse con la mayor celeridad posible, llegando hasta las últimas consecuencias, investigando además, las responsabilidades de los funcionarios del área de recursos humanos del Ministerio de Salud de la gestión Omar Perotti y si el destino final de los fondos de la estafa solo consistía en el enriquecimiento ilícito de los imputados.

El Ministerio debe intervenir el Hospital Iturraspe, auditar las liquidaciones del fondo del 30% en todos los efectores de salud y tomar las medidas para dotar al procedimiento de mejores controles para evitar la defraudación y la estafa al personal de los mismos.

Para el Fiscal, Federico Grimberg, "las estafas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos". “El número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las personas involucradas".  Además, añadió que "tales movimientos se registraron entre enero de 2020 y octubre del 2023". Remarcó que conforme lo establece la normativa, el denominado Fondo del 30%, debía ser distribuido entre todas las personas que trabajan en el nosocomio.Este fondo se trata de la recaudación generada por los servicios que se brindan en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares.

En ese sentido, el fiscal, relató: "Durante años, Jorge Alberto Carnaghi remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados y luego tergiversar las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos.  Carnaghi es el responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias, alternando datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originalmente consignados. En función de ello, se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas, entre ellas, el investigado como autor de la estafa y su pareja, y por cantidades que no eran las previamente informadas y aprobadas”.

Para concluir, el letrado, manifestó que la investigación continúa y que han aparecido otras aristas vinculadas a la causa, de las cuales no puede dar precisión porque se trata de información preservada por el momento, pero que todo deja entrever que se trata de un entramado complejo, ramificado y vertical de corrupción que salpica a varios sectores encumbrados de la sociedad.

En cuanto al otro delito, el denominado dentro de la causa: “Casino en línea”, el fiscal relató: "Sin autorización, Carnaghi el principal imputado y otras personas que aún no fueron individualizadas, ofrecieron la creación de usuarios habilitados para utilizar plataformas de casino en línea disponibles en alrededor de 20 páginas web diferentes.“También vendían y canjeaban créditos virtuales por dinero que los jugadores les transferían a cuentas bancarias o billeteras económicas.  Carnaghi brindó estos servicios ilegales entre diciembre de 2020 y octubre del 2023 y obtuvo rédito económico de ello".