La Cámara Baja giró al Senado una iniciativa destinada a brindar garantías legales a los médicos e instituciones sanitarias, en casos de abortos no punibles. Asimismo, la normativa aportaba claridad a las pacientes que llegaban hasta el sistema de salud en busca de esa práctica. Según el proyecto, el registro estaría a cargo del Ministerio de Salud, centralizando los nombres de los objetores de conciencia, en una base de datos de acceso público.
(Radio Uno/Diario Rosario 12)