La Cámara Alta aprobó el paquete normativo que declaraba la emergencia en litigiosidad previsional, para que el Ejecutivo estableciera acuerdos con los jubilados que estaban en juicio. En tanto, la ley creaba una pensión universal a la vejez, además de dejar abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la confiscación de los ahorros de los trabajadores depositados en las ex-AFJP. En cuanto al blanqueo, el Senado excluyó a funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, así como a sus padres, cónyuges e hijos, y a los legisladores para el Parlasur.
(Radio Uno/El Once.com)