Parlamentarios santafesinos dispusieron una baja del 7,5 al 1,5 %, en la alícuota de Ingresos Brutos, para los préstamos destinados a la adquisición de viviendas. La ley no preveía plazos de caducidad de los beneficios. No obstante, la normativa facultaba al Ejecutivo a quitarlos a aquellas entidades bancarias que no los trasladaran a los beneficiarios de los créditos hipotecarios.
(Radio Uno/Diario Uno)